El control y la supervisión de las universidades y los institutos de formación superior provinciales generalmente recae en las autoridades educativas a nivel provincial. Estas autoridades, en conjunto con los organismos nacionales competentes, se encargan de garantizar que las instituciones cumplan con los estándares de calidad educativa, la legalidad en su funcionamiento. Además, suelen velar por el cumplimiento de las normativas establecidas a nivel nacional en materia de educación superior. Este sistema permite que las instituciones provinciales estén sujetas a un marco regulatorio que garantice la calidad y pertinencia de la educación que ofrecen.